Opiniones

Lockward rechaza defraudación sobre contratos lícitos

“Yo no lo conozco, no sé si es bueno o malo, no sé si hizo o no hizo, pregúntenle a él.  No lo conozco y no soy su abogado”, así reaccinó ayer el abogado Ángel Lockward sobre el exministro de Hacienda del pasado gobierno,  Donald Guerrero, quien está en foco de los fiscales anti-corrupción. 

Las declaraciones de Lockward se producen luego  que su nombre fuera incluido en el listado de las 209 personas que el Ministerio Público solicitó autorización para obtener un informe financiero, en relación con la investigación abierta contra del exfuncionario.

El abogado insistió en que no conoce ni mantiene ningún vínculo cercano con  Guerrero. “Recibí dinero del Estado como honorarios de mi trabajo como abogado porque cuando le fueron a pagar a mi cliente había que pagarme los honorarios”, comentó.

Mención de mala fe

El informe expone que Lockward y sus asociados recibieron la suma de más de RD$74 millones, lo cual  el abodado calificó como una cifra “normal” y “legal” y que dicha mención fue de “mala fe”.
En cuanto a lo expuesto por el Ministerio Público en torno a este caso, Lockward consideró también que si la acusación no presenta “enjuiciamiento conclusivo, no hay fundamentos para sostener la idea de una defraudación al Estado”. Asimismo, que en el documento se confunde el valor del contrato de las compañías y que las autoridades del Ministerio Público debieron de indagar con las empresas el valor de los ingresos que recibieron por su trabajo.

“Es lo que ha tenido que hacer el Estado para recuperar, pero no montar un show de una supuesta defraudación sobre contratos que son perfectamente lícitos y que el Estado no debió pagar en el 2020, debió pagar en 1975 cuando le quito la tierra a sus dueños”, culminó el abogado.

Acceso a informe

El pasado domingo salió a la luz un documento mediante el cual la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el acceso a un informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina.

Una de las características del informe es que en él se señalan, además del exfuncionario de la entidad responsable de la política fiscal del Gobierno y sus componentes, a varios empleados y directores de entidades que jerárquicamente estaban bajo la sombrilla de Guerrero y el Ministerio de Hacienda. 

Al final de la autorización, la magistrada Romero instruyó a los fiscales que recopilaran junto a las entidades reguladoras del sistema financiero y bancario dominicano documentos, reportes e informes que sustenten el historial y manejo financiero de 183 personas más, así como también de 26 empresas o sociedades comerciales.

En puntos

Acusaciones.

A Guerrero  se investiga por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

Modus operandi.

El documento sostiene que el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones de Guerrero, se realizaron maniobras fraudulentas para sustraer del erario público RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transnacionales.

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